Por Juan Carlos Hidalgo
Se le atribuye a Porfirio Díaz haber acuñado el dicho, “¡Pobre México! ¡Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos!” La frase ha formado parte de la psique azteca por más de un siglo, ilustrando una arraigada –pero muchas veces exagerada– percepción de victimización a manos del vecino del Norte. Sin embargo, si repasamos el papel que EE UU ha jugado en la guerra contra el narco en la última década, caeremos en cuenta que el exdictador mexicano llevaba algo de razón.
Está clara la responsabilidad directa que tiene EE UU como principal consumidor de droga en el mundo. Esto es algo que ya ni el mismo Washington niega. Sin esta insaciable demanda por estupefacientes, que no ha variado mucho a lo largo de las décadas, no existiría una sofisticada estructura transnacional para satisfacerla. También cada vez hay un mayor consenso sobre el nefasto papel que EE UU ha jugado como promotor hemisférico de una estrategia prohibicionista sin la cual, este mercado multimillonario es controlado no por empresarios que cumplen la ley, sino por violentos criminales.
El señalamiento va dirigido más bien a las distintas iniciativas que en los últimos años ha lanzado Washington para supuestamente coadyuvar a México en la guerra contra el narco. En muchos casos, la ayuda estadounidense más bien ha terminado empoderando a los criminales que pretendía combatir.
Por ejemplo, en el 2009 el Washington Post reportó sobre cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les dio santuario en EE UU a peligrosos narcotraficantes mexicanos a cambio que sirvieran de informantes. Sin embargo, en ningún momento el ICE se garantizó que estos colaboradores renunciaran a sus actividades criminales en México. Según el Post, en al menos una ocasión uno de los informantes incluso ordenó un ajusticiamiento que se llevó a cabo en territorio estadounidense. Peor aún, las autoridades federales condujeron la operación sin comunicarles a los cuerpos policiales locales.
Más publicidad recibió el operativo “Rápido y Furioso” del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Este programa consistía en permitir la entrada ilegal de armamento desde EE UU hacia México con el fin de rastrear y eventualmente desmantelar las redes de tráfico de armas. De tal forma, la ATF facilitó la compra de hasta 2.500 armas de fuego por parte de los carteles, con el agravante que las autoridades estadounidenses perdieron el rastro de la mayoría de ellas. Eventualmente, estas armas serían utilizadas en múltiples crímenes en México. El escándalo casi le costó el puesto al entonces Fiscal General, Eric Holder.
El Gobierno federal de EE UU no solo les otorgó asilo a narcotraficantes y les facilitó la compra de armas de fuego, también lavó millones de dólares a su favor. En el 2011 el New York Times informó sobre una operación secreta de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que consistía en transportar cargamentos con cientos de miles de dólares a través de la frontera con el fin de seguirles la pista hasta llegar a los líderes de las organizaciones criminales. No obstante, como indicó el NYT, “Hasta ahora hay pocos indicios que rastrear el dinero haya afectado las operaciones de los carteles y poca evidencia que los narcotraficantes mexicanos estén experimentando algún apuro financiero”.
Si bien desde entonces los líderes de los principales carteles mexicanos han sido capturados en operaciones en las que, en la mayoría de los casos, no se disparó un solo tiro, en ningún momento ha trascendido que el lavado de dólares de la DEA jugara un papel importante en las detenciones. Más aún, estos capos simplemente han sido reemplazados por nuevos criminales, en algunos casos más violentos.
Por último, un artículo este año en The Nation del analista Jesse Franzblau reveló cables desclasificados que muestran cómo el gobierno federal de EE.UU. continuó enviando millones de dólares a cuerpos de seguridad mexicanos a pesar de tener conocimiento que estos se encontraban infiltrados por el crimen organizado. El dinero era parte del Plan Mérida, un programa de 2.600 millones de dólares destinado a ayudar a México en su lucha contra los carteles. En algunos casos, los documentos parecen incluso mostrar a los funcionarios estadounidenses tratando de encubrir o minimizar graves episodios de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas, de tal forma que la continuidad del Plan Mérida no se viera afectada.
Estos casos denotan una torpeza casi criminal en la manera que EE.UU. ha intentado apoyar la lucha contra el crimen organizado al sur de su frontera. Por el bien de México, es hora que Washington más bien reconozca el fracaso de su enfoque prohibicionista y acepte los crecientes llamados a favor de legalizar las drogas.
FUENTE: El País- http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/19/actualidad/1426730735_716623.html