Así lo consignan manuales militares de contrainsurgencia, por ejemplo del Plan Colombia (PC), modelo de terrorismo de Estado que arrancó en 1999, usado en Irak, Afganistán y, a través de la Iniciativa Mérida (IM), en México y Centroamérica. Datos históricos y documentos contundentes que muestran que el PC fue una decisión del gobierno de EU, elevada a política de Estado mediante la aprobación de (su) Congreso, son ofrecidos por Hernando Calvo Ospina en El terrorismo de Estado en Colombia (2007, en google). Mientras se debatía el PC apoyado por Clinton entre su Secretaría de Estado y el zar anti-drogas general McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, el asesor militar Stan Goff revelaba que en Colombia desde 1991 los más feroces escuadrones paramilitares estaban directamente conectados, para inteligencia y operaciones, con las fuerzas de seguridad mediante una red organizada bajo la tutela de la CIA y el Pentágono (José M. Martín Medem, Colombia Feroz, 2009, p 116).

El presupuesto del PC lo defendieron en el Congreso de EU la Casa Blanca y Lawrence Meriage, ¡vicepresidente de Occidental Petroleum! Sus palabras van al quid del PC y de su par, la IM: El sector privado tiene enormes intereses estratégicos y vitales en juego en ese país y por eso el paquete de ayuda por mil 574 millones (de dólares) debe ser aprobado cuanto antes.

Urabá, territorio de masacres y asesinatos paramilitares, es descrito en documento de 1996 del Departamento de Estado como una de las zonas más ricas y estratégicas de Colombia y el mundo que no sólo produce el 60 por ciento de los cultivos de banano del país, sino que contiene gigantescas reservas madereras, pesqueras, oro, plata, platino, cobre, titanio, cobalto radiactivo, gigantescos recursos petroleros y una biodiversidad casi sin igual en el mundo. Ese inmenso botín es lo que está detrás del horror y terror del PC y de la IM como se aprecia en Ni vivos ni muertos (2014), de Federico Mastrogiovanni, sobre desaparición forzada en México, un libro de rigor y enorme fortaleza humana, documental y analítica.

En entrevista reciente el autor puntualizó que los lugares “donde se ha registrado la mayoría de las desapariciones de personas en años recientes en México se ubican en zonas donde se planea explotar yacimientos de petróleo y gas shale y eso no es una coincidencia, sino una práctica de las grandes empresas aliadas con los gobiernos para obtener la máxima ganancia”. Mostró dos mapas superpuestos donde se ubican ambos fenómenos: las desapariciones y las extracciones de combustibles como muestra palpable de la coincidencia que no es coincidencia. Destacó la relación existente entre la necesidad de sembrar terror, vaciar territorios y la presencia de recursos naturales. Si pones los dos mapas, el de las desapariciones y el de los recursos como el gas y el petróleo, te das cuenta de eso. Enfatizó que dichas prácticas son muy comunes para las empresas trasnacionales en diversas partes del mundo… donde grupos de delincuentes hacen huir a la gente, luego llegan grupos paramilitares o militares que los hacen huir a ellos y luego llegan las empresas para aprovechar ese territorio explotable sin gente.

En este cruce entre negocios y geoestrategia es vital revisar el Informe y mapas del “shale en México” del Departamento de Energía de Estados Unidos, riqueza localizada, dicen las petroleras, en zonas con problemas de seguridad por la presencia indígena, campesina y de ejidos (Expansión, 23/10/14 p 74). Para Ali Moshiri, presidente de Exploración y Producción en África y América Latina de la gigante Chevron, eso no va a ser un problema muy grande para nosotros…Tenemos ciertos procedimientos establecidos y lo resolveremos a medida que crezca la operación en México (ibidem).

De eso indagó la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia 1969-1979. Su presidente, Enrique González Ruiz indicó que”… hay pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad del Estado mexicano”. Dijo también que “aplicaban tácticas de seguridad nacional de Norteamérica. “La nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune”. La Comisión ratificó la capacidad de resistencia entonces y ahora.

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FUENTE: La Jornada- http://www.jornada.unam.mx/2014/10/30/opinion/028a1eco