[Ciudad de México, 01 de julio de 2022].- Desde diversas latitudes de América Latina, las personas y organizaciones abajo firmantes externamos nuestra preocupación por el respeto a los derechos humanos de las personas movilizadas en Ecuador, en particular el respeto al derecho a la protesta social y al derecho a la vida.
El 13 de junio de 2022 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llamó a movilizarse a través de un Paro Nacional por el malestar social generado por el incremento de la desigualdad social. Esto se ha reflejado en el elevado costo de vida que ha tornado inaccesible para las grandes mayorías contar con los recursos necesarios para comprar la canasta básica. Desde entonces las movilizaciones han llenado calles y plazas públicas en Ecuador.
Ante el intento de establecer un diálogo público para resolver estas demandas, el gobierno ecuatoriano ha aplazado las reuniones acordadas y cerrado diversas vías de negociación desde hace años. Los actos de represión han incluido las detenciones de líderes sociales, como Leónidas Iza (de nacionalidad kichwa-panzaleo y presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi) liberado gracias a la presión política de la sociedad movilizada.
El 20 de junio el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción. Con esto, el Estado puede restringir el libre tránsito y hacer uso progresivo de la fuerza para neutralizar las acciones violentas. Unos días después, el Ministro del Interior, Patricio Carrillo Rosero, declaró “No podemos seguir repeliendo, tenemos que reprimir con uso progresivo de la fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar carabinas con munición múltiple”.
La CONAIE ha denunciado la militarización de zonas de asistencia humanitaria y de la Casa de la Cultura en Quito, un lugar de encuentro para las organizaciones indígenas. A esto se suma el uso excesivo y letal de la fuerza por parte del Estado ecuatoriano. A la fecha se reportan al menos cinco personas que han muerto y más de 100 personas que han sido heridas a causa de la represión policial.
Todo esto se da en un contexto de militarización de la seguridad pública legitimada en el supuesto combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, en el marco del cuál el presidente de Ecuador ya ha realizado declaraciones sobre el uso de la fuerza letal como la siguiente: “Si en esta batalla por la seguridad hay caídos, pues que sean del bando contrario y no del nuestro, querido general”. Si bien esta frase la dijo en mayo de este año, previo a las movilizaciones, declaraciones recientes del presidente han equiparado las movilizaciones con amenazas a la seguridad nacional.
Ante esta situación, hacemos un exhorto al gobierno de Ecuador:
- Poner fin al estado de excepción y a las acciones de represión policiaca que impiden el derecho a la protesta social y ponen en riesgo la vida de las personas movilizadas;
- Abrir canales de diálogo eficientes y contínuos con la CONAIE que resulten en acuerdos concretos que sean cumplidos;
- Atender los 10 puntos de exigencia por los cuáles se originan las movilizaciones.
A nuestras hermanas, hermanos y hermanes de los pueblos y naciones de esta región les decimos: ¡no están solas! Desde la distancia seguimos con atención sus expresiones de lucha y sus legítimas demandas.
¡Respeto irrestricto a los derechos humanos!
¡Alto a las hostilidades del actual gobierno ecuatoriano contra el pueblo organizado!
El presente comunicado lo suscribimos las siguientes personas y organizaciones:
Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
Intercambios Puerto Rico
Instituto RIA A.C.