Por Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia @camruizs
Hoy, 26 de junio de 2015 se llevará cabo el planton 43×43 frente al de Palacio Bellas Artes a nueve meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, Guerrero. Desde el pasado 8 de octubre, la sociedad mexicana y la comunidad internacional han exigido, mediante diversas jornadas de protesta, la reaparición con vida de los estudiantes y la impartición de justicia contra los culpables. La búsqueda de los estudiantes ha generado nuevas preguntas, pero en medio de la confusión, hay un aspecto que ha quedado en claro: este evento es la prueba más brutal de la descomposición social y política que ha caracterizado a México en los últimos años. Los sucesos en Ayotzinapa han puesto en duda el llamado “Momento Mexicano”, y han evidenciado los altos niveles de corrupción y la profunda colusión de los cárteles de droga con el Estado Mexicano.
En México, los actos de violencia son parte de la vida cotidiana. La guerra contra el narcotráfico, declarada por el entonces presidente Felipe Calderón en el año 2006, ha causado un doloroso reajuste en la sociedad mexicana. Lo que comenzó como una guerra entre el ejército y los cárteles de droga ha mutado para convertirse en un conflicto extremadamente complejo, en el cual están involucrados cárteles rivales, gobiernos locales, instituciones federales, grupos de autodefensa y otros actores políticos. El resultado ha sido la normalización de la violencia: violaciones a los derechos humanos se viven día con día y éstos van desde secuestros, extorsiones, abusos sexuales, masacres, amenazas y desapariciones forzadas de ciudadanos. En el 2012, se calculaba que entre 60,000 y 120,000 personas habían muerto a causa de la guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con estimaciones oficiales y con cifras de organizaciones internacionales, respectivamente.
El incremento de violencia ha afectado gravemente la percepción de los mexicanos hacia la legitimidad de su gobierno. A nivel internacional, la violencia en México desalentó la inversión privada, el turismo nacional, y las relaciones con el extranjero. En un esfuerzo por remediar el vertiginoso desplome nacional, Enrique Peña Nieto ha impulsado numerosas reformas que buscan promover el desarrollo económico del país, y así reintegrarse en la economía global. Estas reformas se enfocan en los sectores fiscales, de telecomunicaciones y energéticos, y han dado la impresión de que México es un centro de innovación y desarrollo. Es este proyecto lo que el gobierno de Peña Nieto ha llamado el Momento Mexicano: una serie de campañas que buscan restaurar la legitimidad política del gobierno, así como cambiar la narrativa de México como un posible estado fallido, a una de México como país emergente.
La ilusión del Momento Mexicano se desvaneció tras los sucesos en Ayotzinapa. El 26 de septiembre, policías locales de la ciudad de Iguala dispararon contra 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los cuales juntaban fondos para cubrir los costos de pasaje a la Ciudad de México, en donde se realizaría una protesta pacífica. Durante el incidente, seis estudiantes fueron asesinados, mientras que otros 57 fueron capturados por la policía, y trasladados en patrullas fuera de la escena. Desde entonces se desconoce su paradero. Catorce de ellos lograron escapar tras un par de días, declarando que la policía había entregado al resto de sus compañeros al cártel local “Guerreros Unidos”. El 4 de octubre, mientras el paradero de los estudiantes seguía sin darse a conocer, las autoridades encontraron una fosa con 28 cuerpos exhumados en las áreas aledañas a Iguala. Dado que el estado de Guerrero es el más peligroso de México, muchos asumieron inmediatamente lo peor: la identidad de los cuerpos pertenecían a los estudiantes desaparecidos.
Con el avance de las investigaciones, las escalofriantes conexiones del cuerpo policial con los eventos en Ayotzinapa han salido a la luz. Después de varias interrogaciones, 22 policías confesaron su complicidad con los Guerreros Unidos. Mientras tanto, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se dio a la fuga con su esposa, María de los Ángeles Pineda, quien resultó ser hermana de uno de los principales líderes de los Guerreros Unidos. No fue sino hasta cinco semanas después que fueron encontrados. El 4 de Noviembre, el gobierno anunció finalmente la aprehensión del alcalde y su esposa en Iztapalapa, Ciudad de México.A pesar de la magnitud de los sucesos, el gobernador de Guerrero se lavó las manos y no asumió responsabilidad alguna. Unas semanas después de los eventos en Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero solicitó licencia, y abandonó su puesto como gobernador de Guerrero a finales de octubre.
Si bien los episodios de violencia suceden diariamente en México, los eventos de Ayotzinapa desataron una gran indignación en el país, y atrajeron la atención de los medios internacionales. La indignación impera debido a que este evento no sólo fue un acto de violencia cometido en contra de ciudadanos, sino que atentó contra estudiantes aspirantes a convertirse en maestros de áreas rurales en el país; jóvenes activistas comprometidos a hacer un cambio. Éste no es un acto aislado resultado de la guerra contra el narcotráfico, sino un crimen cometido en colaboración con las autoridades mexicanas, aquellas cuya principal responsabilidad es garantizar la protección de civiles. Por estos motivos, es esencial identificar a este crimen por lo que es: un crimen de Estado.
Imanol Ordorika Sacristán, político y activista social mexicano, enfatiza la importancia de señalar la participación del Estado mexicano en los eventos de Ayotzinapa. En este episodio, las autoridades hicieron uso de la fuerza en contra de la ciudadanía mediante la criminalización de la protesta, así como con la desaparición forzada y el asesinato de individuos, con el fin de inducir terror y parálisis colectivo en la sociedad mexicana. Peor aún, las autoridades no han rendido cuentas. La evidente falta de transparencia y continua impunidad caracterizan el manejo que reciben los crímenes cometidos en México.
Irónicamente, las acciones gubernamentales que obstruyeron el derecho ciudadano a la protesta de los jóvenes de Ayotzinapa, desataron una respuesta social incontenible hasta ahora. Desde el ocho de octubre, la comunidad ha mostrado su solidaridad mediante enormes protestas, exigiendo conocer el paradero de los estudiantes. Valeria Hamel, una estudiante mexicana y activista, quien desde el 2012 ha participado ampliamente en el movimiento estudiantil de #YoSoy132, señala que a pesar de que hubo una lenta respuesta inicial, las acciones ciudadanas y la presión mediática han logrado que el gobierno tome cartas en el asunto.
El director de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz, ha recomendado a Peña Nieto que dirija de modo inmediato y transparente las investigaciones sobre el caso de Ayotzinapa y los terribles abusos de derechos humanos que suceden en México día a día. En un país donde en los últimos diez años se ha visto un incremento del 600% en niveles de tortura, Amnistía Internacional señala que la prevalencia de impunidad entre las autoridades mexicanas solo contribuye a la decadencia de las condiciones sociopolíticas en México.
Las acciones tomadas por la comunidad internacional no se han limitado a recomendaciones por parte de organismos no-gubernamentales. La Unión Europea ha clasificado la revisión del caso de Ayotzinapa como materia urgente; además, ha suspendido el proceso de extensión del Acuerdo Global que tenía con México. La Unión Europea ha declarado que, antes de discutir acuerdos económicos, el gobierno mexicano primero debe garantizar los derechos humanos de su ciudadanía.
He aquí el mayor temor de Peña Nieto: los eventos de Ayotzinapa podrían colapsar la imagen del “Momento Mexicano”. Los intentos para recuperar la reputación de México en el extranjero y restar importancia a los horrores de la guerra contra el narcotráfico, han perdido toda su fuerza. Desde la perspectiva del Presidente, tanto la desaparición de los estudiantes como la reacción ciudadana han restablecido la visión que se tenía de México en el sexenio previo: un Estado corrupto que no se logra salvar de una guerra ya perdida. Ahora que las relaciones económicas se han visto afectadas, ¿será posible que la ilusión del Momento Mexicano continúe después de la crisis de Ayotzinapa?
La realidad es que el Momento Mexicano nunca llegó. Sin importar cuántas reformas aprueben las cámaras legislativas, o cuántas campañas mediáticas insistan en el nacimiento de un nuevo México, el Momento Mexicano no llegará mientras el país esté sumido en la violencia. La guerra contra el narcotráfico está muy lejos de darse por terminada, y la violencia que ha desatado se ha convertido en un problema sistémico. La evidencia de la complicidad entre los cárteles de drogas y el Estado mexicano demuestran que la situación ha alcanzado un nivel alarmante: hoy, los policías y gobiernos locales son presa de los intereses de los cárteles. Mientras el gobierno mexicano siga siendo incapaz de rendir cuentas, sea corrupto y participe activamente en actos de violencia, el verdadero desarrollo económico del país no tendrá lugar.
La constante presencia de la sociedad mexicana en la escena política durante este último mes ha presionado al gobierno federal a esclarecer las causas de la tragedia. Por consiguiente, los estándares de los exámenes de confianza para policías se han elevado considerablemente. La atención a estos controles es de suma importancia, ya que éstos fungen como métodos preventivos en contra de la cooperación policial con los cárteles. Ciertamente, la idea de un México estable es concebible, pero lograrlo requerirá la revisión detallada de todas las instituciones mexicanas, para asegurar que realmente atiendan los intereses de la sociedad mexicana. El descubrimiento de otras nueve fosas comunes demuestra la urgencia de comenzar inmediatamente a trabajar para lograr cambios genuinos.
El camino hacia un verdadero Momento Mexicano es largo, y desgraciadamente la situación nacional es desalentadora. Tristemente, los estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados mientras recaudaban fondos para atender la marcha conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968. Es inaceptable que este tipo de violaciones contra los derechos humanos persistan en el país, y que se lleven a cabo con completa impunidad. Como mexicanos, viviendo tanto dentro del país como en el extranjero, es nuestro deber romper este ciclo. Esperemos que los eventos de Ayotzinapa sirvan como ultimátum para comenzar un verdadero cambio radical.
Este texto se publicó originalmente en la revista universitaria Brown Political Review bajo el título “Ayotzinapa: Exposing the Fallacy of the Mexican Moment”.
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Paula Martínez Gutiérrez y Camila Ruiz Segovia son mexicanas estudiantes de licenciatura en Brown University. Paula y Camila crecieron en la Ciudad de México, y ambas son graduadas (generación 2011-2013) de los Colegios del Mundo Unido (UWC) de Hong Kong e Italia, respectivamente. Actualmente, Paula estudia el segundo año de carrera en Relaciones Internacionales e Historia, mientras que Camila es estudiante de primer año en Ciencias Políticas y Artes Visuales.
Fuente: El Beisman- http://www.elbeisman.com/article.php?action=read&id=440