La llamada “guerra contra las drogas” desplegada en los últimos 50 años ha provocado desplazamientos forzados, detenciones masivas, hacinamiento carcelario, afectación de las garantías judiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Hoy, un grupo de 17 organizaciones de 11 países de América presenta una publicación conjunta sobre “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia del continente americano”. En ella se analiza cómo la “guerra contra las drogas” y el sistema internacional de prohibición han sido implementados de forma tal que se han desbordado los sistemas penales y se han afectado las poblaciones más vulnerables, sin lograr siquiera disminuir los problemas de consumo o de tráfico en la región.

En México, la guerra contra el narcotráfico ha generado al menos 70,000 homicidios relacionados con el tráfico de drogas, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales de 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad para el combate contra las drogas.

El informe conjunto profundiza en la militarización de la seguridad pública, la criminalización del consumo, el debilitamiento del debido proceso, las detenciones masivas, las penas desproporcionadas para delitos de drogas y las restricciones en el acceso a la salud.

También aporta testimonios y remite a casos sobre los abusos a los derechos humanos originados en las políticas de drogas prohibicionistas que fueron implementadas en toda la región. Esto incluye historias como la de Miriam, una mujer mexicana que fue detenida, golpeada y torturada sexualmente hasta que hiciera una confesión falsa respecto a la posesión de drogas; Paulino Huamán, quien fue asesinado en su casa cuando las Fuerzas Armadas de Perú bombardearon su pueblo como parte de la “guerra contra las drogas”; Anny, una niña brasileña de 5 años cuyos padres se vieron obligados a comprarle un medicamento en el mercado negro porque contenía un derivado de la marihuana; y Rocío, una víctima de desplazamiento forzado en Colombia que transportaba pequeñas cantidades de drogas dentro del país para alimentar a sus tres hijos y terminó siendo encarcelada muy lejos de ellos, por un aparente error administrativo.

La publicación pone énfasis en el aumento de la cantidad de mujeres encarceladas por delitos de drogas no violentos y las implicancias que eso tiene para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Aborda el impacto de las campañas de erradicación forzada de cultivos, que amenazan el sustento y hasta la salud de algunas comunidades rurales. Y muestra cómo el racismo se manifiesta en los arrestos relacionados a la marihuana en los Estados Unidos al ser casi 4 veces más probable que una persona afro descendiente sea detenida por esa razón que una persona blanca. Además, se resaltan las experiencias alternativas que se están llevando adelante en Uruguay, Ecuador, Bolivia y algunos estados de los Estados Unidos.

Las organizaciones que participaron en el informe presentan una serie de recomendaciones para que los Estados exploren políticas que busquen reducir la violencia y mejorar las respuestas sanitarias, dado que las medidas prohibicionistas han fracasado en sus intentos de disminuir la oferta de drogas y han contribuido a graves violaciones de derechos humanos en el continente americano. Por ejemplo, se recomienda la descriminalización del consumo y el autocultivo de drogas, y el desarrollo de alternativas al encarcelamiento para las personas que cometen delitos no violentos asociados al tráfico de drogas.

Estas propuestas han empezado a ser exploradas en distintas partes de mundo y nos muestran que los cambios son posibles. Hay alternativas.

Sobre la presentación de este informe en el Senado, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex publicó:

En la presentación de la publicación regional “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos, la experiencia del continente americano”, senadores y representantes de organizaciones consideraron que se requiere analizar otras alternativas para enfrentar el problema.

Al encuentro asistió Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quien señaló que México se encuentra “bastante solo” en su reclamo para revisar las condiciones en que se da el combate al tráfico y consumo de drogas.

Consideró como logro de México, Guatemala y Colombia la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas, que se llevará a cabo en 2016, y donde se revisarán algunos aspectos de la lucha contra los estupefacientes. Sin embargo, consideró que la actitud internacional para cambiar el actual esquema es “muy conservadora”, toda vez que México ha planteado la necesidad de analizar con seriedad y profundad los diferentes modelos que existen a nivel mundial y sus resultados.

Ello, explicó, porque hay países que están por la prohibición de las drogas, hay un conjunto pequeño de naciones y de estados de la Unión Americana que han optado por la legalización y otros que optan por la despenalización del consumo.

La guerra declarada contra las drogas en los últimos años había generado una violencia extraordinaria, la cual aumentó por los cambios estructurales en las condiciones del mercado. Aunado a ello, agregó, México se enfrenta a características de violencia vinculada con las rutas de acceso de drogas a Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo, así como a un tráfico indiscriminado de armas y dinero ilegal.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) lamentó que las preocupaciones mexicanas no sean las preocupaciones del mundo y consideró injusto que del otro lado de la frontera haya ya muchos estados que legalizaron el consumo medicinal de la mariguana. Mientras, México pone los muertos y 80 por ciento de las mujeres presas en cárceles federales, lo están por transportar drogas.

Por ello, el subsecretario mencionó que México país pedirá que en dicha sesión especial se analicen seriamente las consecuencias de la aplicación de esos modelos a nivel internacional. En tanto, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Laura Angélica Rojas Hernández, expresó que no se tiene por qué esperar a que 193 países se pongan de acuerdo para cambiar la forma en que la comunidad internacional combate las drogas y que el debate debe generar las soluciones para que México atienda de mejor manera esta problemática.

Aclaro que el Partido Acción Nacional (PAN) no tiene una posición definida sobre legalizar o no la mariguana, pero “mi posición, en lo personal, es que sí creo que tenemos que regularla, por lo menos, para uso medicinal y científico; y eso es muy importante hacerlo ya”.

A su vez, el senador Alejandro Encinas Rodríguez coincidió en que “es momento de hacer un replanteamiento total de la política” en la materia y dar un paso hacia la regulación de las drogas para usos medicinales e investigación científica.

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1. CMDPDH- http://cmdpdh.org/2015/08/el-impacto-de-las-politicas-de-drogas-en-los-derechos-humanos/
2.  Notimex, publicado en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/b322801/debaten-en-senado-politica-de-combate-a-drogas-en-america-latina/#xtor=AD-1&xts=513356