Por: Jorge E. Linares Salgado (@jelinares)
Hace unas semanas nos enteramos del caso de Graciela Elizalde, una niña de 8 años que sufre una enfermedad neurológica que le provoca intensas e incontenibles crisis epilépticas. Al haber probado ya sin éxito todos los fármacos convencionales para combatir los efectos de la enfermedad, su médico tratante sugirió el uso de un medicamento experimental a base delcannabidiol (CBD), una de las sustancias de la mariguana, pero que no contienetetrahidrocannabinol (THC), que es el compuesto que provoca los efectos psicoactivos. El problema al que ha tenido que enfrentarse la familia de Graciela es que la mariguana, siendo una planta prohibida por la Ley General de Salud en México, no puede ser importada más que con un permiso especial que tiene que conceder la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Cualquier médico que recete algún medicamente derivado de la mariguana estaría cometiendo un delito federal.
Los padres de Graciela han tenido que librar por ello una batalla legal para conseguir el permiso, pues de lo contrario se arriesgarían a ser detenidos por narcotráfico si hubieran comprado el medicamento en Estados Unidos y lo hubieran introducido directamente. Se trata de una lucha para que Graciela sea la primera paciente en México que utilice de manera regulada un derivado de mariguana para fines medicinales. El 1 de septiembre pasado, un juez autorizó a los padres de Graciela la importación del medicamento mediante una solicitud de amparo. Sin embargo, el Consejo de Salubridad General impugnó la resolución bajo el argumento de que no existe “evidencia científica” que lo justifique. Asimismo, la PGR también interpuso recursos de revisión a la suspensión del juez para echar abajo dicho amparo. El abogado de la familia denunció que los funcionarios del Estado “están jugando un doble discurso: frente a los medios ofrecen apoyo, pero en tribunales están haciendo todo lo contrario.” (El Universal, 9 de septiembre). Como si lo que temiera la PGR es que se inicie un proceso para despenalizar los usos medicinales derivados de esta planta, y posteriormente se avance socialmente hacia la despenalización del consumo no medicinal.
Al parecer, la COFEPRIS autorizó en días pasados la importación de Estados Unidos del medicamento a base de cannabidiol. Según El Universal, Raúl Elizalde, el padre de la niña, se reunió con Mikel Arriola, presidente de la COFEPRIS, quien le comunicó que eso era posible apelando al artículo 132 del Reglamento de Insumos para la Salud, que establece la autorización de medicamentos que se encuentran en “fase experimental” y no tienen registro en México. Con ese recurso legal, sería factible también para muchas otras personas la importación y uso de medicamentos derivados de la mariguana. Pero quizá cada una de ellas tendrá que vivir el mismo via crucis legal.
El problema bioético de este caso no es si el medicamento será efectivo o no, o bien si conlleva riesgos para la salud de la niña, pues la evidencia empírica en otros casos similares de tratamientos en EE.UU. demuestra que sí es efectivo y sin efectos riesgosos; así que no había tal “falta de evidencia”. El absurdo de este caso, la concesión de un permiso extraordinario mediante un amparo judicial, deriva de la prohibición sobre toda una planta y para cualquier uso porque tiene otros usos “psicoactivos”; es decir, se basa en el prejuicio y el moralismo de doble cara del Estado mexicano, omiso en casi todo lo que debería regular y prohibir (comenzando por el narcotráfico en gran escala), pero que no permite que se empleen en fase experimental medicamentos derivados del cannabidiol. Las leyes mexicanas prohíben el uso de una planta por considerarla muy peligrosa, pero sin ninguna evidencia científica del daño real o no que sufren sus usuarios; se trata por tanto de una prohibición arbitraria que debería eliminarse, pues atenta contra las libertades básicas de los ciudadanos. Así es, poca evidencia científica se ha logrado acumular sobre los efectos del uso lúdico y/o medicinal de la mariguana, debido a que es una sustancia “prohibida”.
No tiene sentido que la prohibición del comercio de sustancias psicoactivas impida el uso medicinal o no de los derivados naturales de plantas consideradas como “drogas peligrosas”. No es que la mariguana sea inocua (nadie lo ha sostenido con seriedad), pero tampoco se ha demostrado que fumarla habitualmente daña la salud (esto dependerá de las dosis diarias y de la respuesta neurofisiológica de cada persona); no obstante, los componentes de la mariguana en otras presentaciones han sido de utilidad desde hace mucho tiempo en el tratamiento de distintos padecimientos como el glaucoma, la artritis y la esclerosis. Así es que su uso medicinal es similar al de muchas otras plantas, como la sábila o la mejorana, y no se ha tenido que demostrar científicamente su eficacia para “despenalizarlas” o no prohibirlas. La única diferencia es que una parte de la mariguana tiene capacidad psicoactiva.
Ya es tiempo de que el Estado mexicano, específicamente el Congreso de la Unión, revise a fondo el tema de la fallida guerra contra las drogas y se tome en serio la posibilidad de permitir y regular adecuadamente el uso medicinal de, al menos, la planta de la mariguana (cannabis sativa), como primer paso para la plena despenalización del consumo y, por tanto, producción y comercio de drogas psicoactivas, en un marco regulado por una ley. Lo que debería suceder como resultado de una despenalización programada, es un modelo de control, registro, regulación y supervisión de la producción, venta y monitoreo de consumo. Sólo así es posible estudiar con detenimiento los efectos reales de esta planta y comprobar o no, de una vez, sus posibilidades medicinales, así como indagar pertinentemente sobre los efectos dañinos en el consumo habitual en dosis altas.
De este modo, es tiempo de que en México se debata abiertamente con madurez y objetividad sobre la despenalización de las drogas psicoactivas, comenzando con la mariguana. Aunque es la más consumida entre las drogas ilícitas, no tenemos un grave problema de adicción a la mariguana, según la Encuesta nacional de “adicciones” de CONADIC (que no es propiamente sobre adicciones, sino de promedios y tendencias de consumo general en la sociedad). Por lo demás, se ha repetido hasta el cansancio que el problema mayor de la prohibición legal de las drogas psicoactivas, con excepción del alcohol, es el mercado negro y el tráfico ilegal que promueven, así como la violencia desatada del crimen organizado en esta “guerra contra las drogas”, pero no el producto en sí mismo, que como en el caso de la mariguana, si se despenalizara, podría ser bien regulada en su producción y venta mediante un esquema de comercio legal, así como de supervisión y monitoreo de venta y consumo, con lotes identificables de cada producción, para rastrear los problemas que ocasione a los consumidores.
- Jorge E. Linares Salgado, Programa Universitario de Bioética UNAM (@bioeticaunam)
Fuente: http://www.animalpolitico.com/blogueros-una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/2015/09/30/el-uso-medicinal-de-la-mariguana-un-via-crucis-legal-en-mexico/