Nuestra participación en el Parlamento Abierto sobre cannabis de la Cámara de Diputados
Fecha: 4 de diciembre de 2020
Buenas tardes, mi nombre es Amaya Ordorika Imaz, trabajo como coordinadora general de Incidencia Política en ReverdeSer Colectivo, una organización con nueve años de trabajo por un cambio en la política de drogas para contribuir a la paz y la garantía de derechos. Así mismo, soy integrante de la Coalición #RegulaciónPorLaPaz.
Agradezco la invitación y aplaudo la realización de este parlamento abierto y la celeridad con la que se programó porque la regulación de la cannabis es un tema que no puede esperar más. Agradezco también a la diputada Ana Lorena Villavicencio y al diputado Rubén Cayetano por proponerme para este espacio.
Es de celebrarse que nos encontramos en otra etapa del debate público en la materia. Gracias a décadas de activismo, se ha podido trascender la discusión sobre la posibilidad de regular para entrar en los detalles sobre cómo regular. Estamos presenciado un cambio cultural y político histórico donde regular la cannabis no es sólo considerado posible sino necesario.
Hoy nos encontramos ante un proyecto de reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal y de creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, mismo que las y los legisladores de este recinto tienen la responsabilidad de discutir. Este proyecto representa un hecho histórico por sí mismo, por ser el mayor avance legislativo en la materia hasta la fecha.
Resulta fundamental recalcar que este avance responde también a la obligación del poder legislativo frente la jurisprudencia establecida por la SCJN, obligación que encuentra el vencimiento de su plazo el próximo 15 de diciembre.
En este tiempo, buscaré abordar los elementos positivos de la minuta, las deudas que dejaría pendientes su aprobación sin modificaciones y la propuesta para avanzar legislativamente sin incumplir con el plazo establecido con las que coincidimos como organización social.
1. Lo positivo
La minuta en discusión representa avances significativos que deben ser reconocidos porque son pasos hacia adelante que no debemos retroceder.
En particular, destacamos que la minuta:
- Incluye tres vías de abastecimiento que no son excluyentes entre sí: autocultivo, asociaciones cannábicas y el mercado regulado;
- No limita los derechos de las personas usuarias mediante registros o permisos para consumo y autocultivo;
- El cannabis se venderá en puntos de distribución autorizados, donde no podrán entrar personas menores de 18 años y que estarán obligados a presentar información sobre los efectos del consumo y a comprobar controles de calidad.
- Exime al autocultivo de las responsabilidades de “testado” y trazabilidad;
- No exige comprobar el origen legal de las semillas y abre la puerta a un registro gratuito de semillas para el cultivo para la comercialización;
- No establece penas que pudieran criminalizar a personas cuidadoras de pacientes;
- Establece acciones afirmativas para la protección a comunidades afectadas por la prohibición;
- Establece límites a las extensiones de cultivo para uso comercial;
- Establece límites a la cantidad de puntos de comercialización (3 máximo por persona física o moral);
- Prohíbe la publicidad y promoción de productos.
2. Lo negativo
A pesar de reconocer los avances que representaría la aprobación de la minuta en cuestión, no podemos obviar los grandes pendientes que deja. Si entramos a un análisis minucioso podemos encontrar muchas oportunidades de mejora, mencionadas previamente por diversas personas en este foro. Esto incluye:
- La prohibición de sacar el producto de autocultivo del hogar;
- Las inmensas y discriminatorias limitaciones a los espacios de consumo, que deberían ser equivalentes a las limitaciones establecidas por la Ley de Control del Tabaco;
- Las innecesarias y debilitantes restricciones a las asociaciones cannábicas;
- La absurda limitación al presupuesto para el Instituto;
- La criminalización de las personas usuarias de cannabis;
- La protección a comunidades vulneradas por la prohibición.
Sin embargo, me enfocaré en los últimos dos aspectos.
La criminalización de las personas usuarias de cannabis.
Escuchando a muchas y muchos legisladores de ambas cámaras, pareciera haber un acuerdo sobre la importancia de lograr la efectiva despenalización. No obstante, el proyecto de minuta como está planteado generará una regulación sin despenalizar la posesión de la planta. Esto no sólo mantiene sino que acrecienta la contradicción reconocida por la SCJN que presentan nuestras leyes. Es decir, con esto se podría comprar marihuana de manera legal en un mercado regulado, salir de la tienda y ser detenida por la policía por posesión.
Hemos oído muchos argumentos en este foro y en el Senado sobre los beneficios de aumentar la cantidad de posesión permitida. No obstante, no se trata de la cantidad misma o si es suficiente, se trata de eliminar artículos discriminatorios y criminalizantes. Por principio, el límite a la posesión es violatoria de derechos y es discriminatoria.
Aunque se aumenten los límites, la policía no tiene la capacidad de diferenciar los montos en la calle. Esto quiere decir que para determinar si la persona posee menos de la cantidad permitida, ésta debe ser detenida y presentada ante las autoridades pertinentes. Esto implica una violación al derecho al libre transito y a la presunción de inocencia. Además de ser absolutamente discriminatorio, de ninguna manera consideraríamos aceptable que la policía pudiera detener a personas usuarias de alcohol o tabaco por portar “demasiado” alcohol o “demasiados” cigarros.
Aunado a esto, no podemos cerrar los ojos a la realidad cotidiana en la que la policía y funcionarios de los ministerios públicos detienen arbitrariamente, extorsionan, hacen uso excesivo de la fuerza y siembran cantidades mayores a las permitidas. En este sentido, es fundamental reconocer que mantener los límites a la posesión abre la puerta a violaciones al debido proceso y arriesga a las personas usuarias a que nuestros derechos humanos sean vulnerados.
Para evitar perpetuar la criminalización de personas usuarias, debe modificarse el artículo 245 de la Ley General de Salud para quitar al Tetrahidrocannabinol (THC) de la lista II (algún valor terapéutico y constituye un problema grave para la salud pública) y pasarlo a la lista IV (amplios usos terapéuticos y problema menor para la salud pública).
Además de estar vinculado a los derechos de las personas usuarias, esto es un paso fundamental para liberar recursos de procuración de justicia. Cada detención de una persona, incluso cuando se de el no ejercicio de la acción penal, implican recursos de procuración de justicia que deben ser utilizados para la investigación y sanción de delitos con afectaciones a terceros.
La protección a comunidades vulneradas por la prohibición.
Si bien reconocemos que el proyecto contiene medidas para la protección de comunidades que ya se relacionaban previamente con la planta de cannabis para garantizar su participación digna y accesible en el mercado legal, como han señalado otras personas en múltiples foros, sigue siendo insuficiente.
Debemos reconocer que hay industrias extranjeras de gran capital con un enorme interés en cooptar el mercado mexicano cuando sea aprobada la regulación. Seguramente representantes de diversas empresas se han acercado a legisladoras y legisladores de este recinto, como hicieron en el Senado de la República, para impulsar una regulación a modo que les favorezca.
Ante este panorama, la acción afirmativa que pretende el proyecto de ley requiere de tres modificaciones:
- Estipular que el 80% de las licencias de cultivo se otorgarán a comunidades vulneradas por la prohibición;
- Eliminar las sanciones penales a comunidades vulnerables que cultiven sin licencia;
- Establecer los candados a la integración vertical del mercado, con la excepción de las comunidades antes mencionadas, para evitar la consolidación de monopolios y a la vez generar condiciones prioritarias para pequeños productores en el mercado.
Tenemos una oportunidad histórica para regular con el bien de la nación en mente, regular para garantizar derechos, regular para empezar a dejar atrás la guerra contra las drogas, regular para abonar a la construcción de paz en nuestro país. Nuestra organización y la Coalición #RegulaciónPorLaPaz hemos generado diversos insumos para seguir avanzando hacia este objetivo que ponemos a su disposición.
Agradezco nuevamente el espacio y aprovecho este último minuto para reiterar nuestra voluntad como ReverdeSer Colectivo y como Coalición #RegulaciónPorLaPaz de seguir acompañando el proceso legislativo en la materia y ofreciendo nuestra experiencia en este tema para lograr la tan necesaria regulación con derechos, un paso absolutamente inevitable para la construcción de paz en nuestro país.