Hasta hace poco, el debate sobre políticas drogas estaba lleno de tabúes, imprecisiones y cooptado por coloridas conveniencias políticas. En consecuencia, las soluciones para ‘el problema de las drogas’, al ser monopolizadas por corrientes conservadoras que encontraban en una sociedad subyugada por el miedo, la mano dura y la represión, la solución única para llegar al utópico mundo libre de drogas, hicieron del prohibicionismo y la represión los pilares centrales para articular una forma de contener el uso de las drogas ilegales y al mismo tiempo mostrar éxitos en las políticas de control y seguridad. Esta lógica se expandió por el mundo, pero de especial manera por Latinoamérica.
Este enfoque, de la mano con una profunda desproporcionalidad en las penas (por comercializacióon o uso), resultó en significativos aumentos en las detenciones y altas tasas de encarcelamiento, contribuyendo en gran parte a la crisis carcelaria que vive hoy la regiòn. Al mismo tiempo, las políticas preventivas, al ser basadas en supuestos ideológicos y conveniencias morales, no lograron reducir el uso de drogas, incluso resultando en que las mismas leyes que las intentaban prohibir causaran efectos más negativos sobre la sociedad que el mismo uso. En suma, jóvenes, mujeres y quienes menos tienen, pagaron los mayores costos. Pero como si esto fuera poco, el mismo sistema prohibitivo ayudó a que una serie de organizaciones criminales y grupos menores obtuvieran millonarias ganancias gracias a la producción y la venta de drogas, permitiendo de fácil manera que gracias a ellos financiaran sus actividades delictivas y criminales. La guerra contra las drogas resultó en una bochornosa derrota.
E
n paralelo, las políticas regulatorias sobre las drogas legales, mostraron la posibilidad de lograr resultados positivos al educar y establecer reglas claras que redujeran los efectos negativos sobre la sociedad. Por ejemplo, las campañas de prevención enfocadas en el uso de alcohol y el aumento de fiscalización a conductores han mostrado en una serie de países ser una formula eficaz para reducir el numero de accidentes, muertes, costos y externalidades negativas. La regulación responsable ha facilitando el desarrollo de sociedades abiertas, responsables y donde se respetan las libertades de las personas.
Pero Uruguay nos sorprendió. “Alguien tiene que ser el primero”, esta fue la frase con la que en junio del 2012 el presidente de Uruguay José Mujica sorprendió a una sumisa región y a quienes cuestionaban su osado plan de legalizar la marihuana. En simple, tenía mucha razón, para lograr cambios de fondo se requería principalmente coraje.
Alzas considerables en la prevalencia de uso de cannabis, cárceles donde el 10% de quienes están ahí lo hace por infracciones menores a la ley de drogas y un empoderamiento del crimen organizado gracias a los recursos del tráfico; fueron algunas de las señales internas que llevaron a que Uruguay se embarcara en una profunda reflexión que luego decantaría en una reforma de fondo. De cierta manera, y de la mano con las decisiones de los Estados de Colorado y Washington en Estados Unidos, por primera vez el debate veía la luz fuera de centros académicos, marchas y dialogo social. Ya el mundo contaba con países y estados que estaban dando pasos.
La situación en el vecindario es también favorable. Una ola de discusiones ha generado una serie de reformas (de menor o mayor impacto) a leyes de drogas en diferentes países Latinoamericanos. El activismo de peso liderado por ex presidentes como Fernando H Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo y César Gaviria, presidentes como Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina, ha roto parte del hielo en una región que sigue siendo conservadora al momento de avanzar en reformas y sigue de sobre manera confiando en reducidas elites políticas al momento de tomar decisiones. Al mismo tiempo, la llegada a consensos de alta importancia por parte de organizaciones multilaterales como la OEA, PNUD y hasta el más reciente documento publicado por la London School of Economics; generaron una serie de soportes lo suficientemente fuertes para que Uruguay, Latinoamérica y todos los reformistas no se sintieran tan solos.
Uruguay optó por un estricto sistema regulatorio para el mercado del cannabis que se basa en un monopolio por parte del Gobierno. Un enfoque opuesto al que vemos en los estados de Colorado y Washington y que el mismo Presidente de Uruguay calificó de estar basado en la “ficción” y la “hipocresía”. En concreto, el modelo regulatorio implementado en este país tiene mayores posibilidades de reducir los recursos del crimen organizado, al ser ahora, el Gobierno su principal competidor. Otros beneficios de este modelo regulatorio incluyen una expansión en los derechos de las personas, mayores posibilidades de implementar políticas sanitarias y educativas, y por sobre todo, actuar con una mayor responsabilidad fiscal no solo respecto al gasto sino que también al recolectar impuestos. En términos generales, el país goza de una política sensata que se basa en mirar a la problemática de las drogas de frente y no dándole la espalda como todavía ocurre en la mayoría de los países del mundo.
Por otro lado, uno de los temores más grandes respecto a la implementación de la regulación, tiene que ver con la mirada regional por sobre la individual. Una serie de voces internacionales constantemente argumentaron que para avanzar en la “legalización de la marihuana” primero debía existir una voluntad y compromiso regional, ya que un solo país no sería capaz de hacerlo de manera exitosa. El problema radica en que la capacidad de acuerdos regionales de esta escala, sumado a la presión de organizaciones multilaterales por continuar con las mismas políticas, se mantienen como un obstáculo casi insuperable para lograr consensos internacionales. Los costos que muchos países están pagando al continuar con políticas acracias es demasiado alto y simplemente no vale la pena seguir esperando que el concierto internacional se ponga de acuerdo.
Ahora bien, es razonable que exista un cierto miedo por parte de la comunidad regional y especialmente por parte de los países vecinos cuando estos se encuentran criminalizando la oferta y en un país conjunto legaliza la demanda (junto con la oferta). Sin embargo la evidencia nos muestra que no deberían existir disparos importantes en el aumento del consumo, como tampoco un alza en la demanda por cannabis proveniente del mercado negro (ya que el precio está fijado para que esto no ocurra). Las voces que hablan lo contrario son principalmente alarmistas y carecen de argumentos reales para fundamentar sus llamados al miedo. De cierta manera son gritos de derrota.
Por sobre todo, el coraje y visión de Uruguay han forzado a que en gran parte de los países de la región estén tomando lugar acciones y debates concretos en torno a la necesidad de reformas. No hay país en la región donde no se esté considerando la necesidad de revisar y mejorar los paradigmas actuales.
No hay vuelta atrás. Las políticas de drogas basadas en conveniencias políticas y trabas morales están en retirada, y es momento que países como Bolivia, Colombia y México asuman un liderazgo concreto en la región en base a sus dramáticas experiencias. Junto con ellos, urge que el resto de la región, y en especial países que no están tan contaminados por muertes y violencia, sigan la senda de Uruguay antes que sea demasiado tarde. América Latina debe continuar su liderazgo en demostrar que puede conseguir políticas de drogas fundamentadas en la evidencia, que respeten la ciencia, pongan al centro la salud pública pero que por sobre todo respeten los derechos humanos. Uruguay es un faro que vale la pena usar como guía.
Por Eduardo Vergara,Asuntos del Sur
Fuente: http://www.asuntosdelsur.org/blog/2014/08/18/reglas-claras-la-regulacion-uruguaya-en-medio-de-una-region-expectante/