El 10 de mayo de 2015 la revista Proceso publicó la nota “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” en la cual destaca el aumento en la venta de sustancias ilegales dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (Universidad, UNAM) durante el último año y medio, así como la relación con el aumento en la inseguridad que han percibido estudiantes y la planta docente.
Esta situación sin duda representa un reto para la Universidad, sin embargo, no es un reto que enfrenta de manera aislada. A nivel nacional estamos viviendo una situación de violencia generalizada a partir de la declaración de guerra contra el narco que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa realizó en diciembre de 2006. Desde entonces, el gobierno federal ha implementado una estrategia militarizada que destaca como uno de sus objetivos la desarticulación de los grupos dedicados al narcotráfico. Esto ha resultado en la exacerbación de ciclos de violencias, la multiplicación del número de organizaciones criminales y la extensión de la presencia de éstas en el país.[1]
La PGR asegura que a finales de 2014 operaban 9 cárteles, distribuidos en 23 estados de la República, y 45 células delictivas que, además del tráfico de drogas, han extendido sus actividades a otros delitos como la extorsión, el secuestro, el cobro de cuotas de piso y el robo de hidrocarburos.[2] Es absurdo pensar que las instalaciones de Ciudad Universitaria quedan exentas de las complejas problemáticas sociales que vive nuestro país y es más absurdo aún tratar el tema como si fuera un problema aislado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La estrategia de combate al narcotráfico que se ha implementado a nivel nacional ha resultado en violaciones graves de derechos humanos: más de 70,000 personas asesinadas[3], más de 25,000 personas desaparecidas[4] y al menos 280,000 personas desplazadas por la violencia[5]. Es claro que resulta necesario buscar otro camino.
ReverdeSer Colectivo considera que la posible resolución de esta situación pasa necesariamente por un cambio de políticas públicas a nivel nacional que incluya la implementación de un modelo de regulación de drogas que permita la separación de este mercado de otros mercados violentos, así como la instalación de puntos regulados de venta de mariguana en el Distrito Federal que desvíen el mercado de las instalaciones universitarias.
La UNAM ya se ha pronunciado sobre este tema. En abril de 2012 la Universidad organizó el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas[6], en donde afirmó la necesidad de crear nuevas estrategias de seguridad y de replantearse la política prohibitiva de drogas que se impone a nivel nacional. En la clausura del Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas, el Rector afirmó que “pensar que la solución sólo pasa por la policía y la prisión, es francamente insensato”.[7]
Este es un momento clave para que la UNAM vuelva a participar del debate que se está dando a nivel nacional e internacional entorno a la política de drogas, dejando atrás la búsqueda de “soluciones inmediatas”, que resultan siempre insuficientes y con graves efectos secundarios, e impulsando una aproximación integral, no punitiva, al tema de las drogas. Un paso contundente en este sentido sería la publicación de las conclusiones del Foro antes mencionado, tarea que queda pendiente desde hace tres años.
La UNAM tiene la oportunidad de alejarse del discurso del enemigo y de sustituir las prácticas punitivas y policiales por acciones encaminadas a la reconstrucción del tejido social, partiendo del reconocimiento de que la venta de sustancias ilícitas es resultado de una serie de complejas dinámicas sociales que no pueden resolverse con la expulsión de un grupo de personas de un espacio. También tiene la oportunidad de dejar de ser una institución más que criminaliza a las personas usuarias de sustancias por realizar prácticas no violentas, reconociendo que muchas de estas personas son miembros de la comunidad universitaria.
Es importante que esta situación no nos orille a la implementación de medidas que, además de tener limitadas posibilidades de generar efectos positivos, no coinciden con el espíritu de la Universidad, como es el caso de la instalación de cámaras y torniquetes y la credencialización.
De ninguna manera cerrar espacios estudiantiles, imponer soluciones unilaterales, expulsar estudiantes o criminalizar a las personas usuarias de plantas y sustancias actualmente ilícitas fomentará una resolución del conflicto. Al contrario, profundizará más este síntoma e impedirá que la comunidad universitaria trabaje en conjunto para satisfacer las necesidades de cambio que se presentan y reapropiarse de la seguridad colectivamente.
De la misma manera, en nada abonan las afirmaciones alarmistas que indican que “la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se ha convertido en el principal punto de venta de drogas en el sur de la Ciudad de México”[8] y que sostienen que estas conductas no deseadas son llevadas a cabo casi exclusivamente por habitantes de Santo Domingo, dado que resultan carentes de información rigurosa que las sustente y fomentan la criminalización y estigmatización.
Aprovechemos este momento para dar un debate serio sobre la seguridad y la política de drogas en Ciudad Universitaria y a nivel nacional.
[1] Guerrero, Eduardo. “Los hoyos negros de la estrategia contra el narco” http://www.nexos.com.mx/?p=13844
[2] Redacción Aristegui Noticias “Hay 9 cárteles del narco en México; controlan 43 pandillas: PGR” http://aristeguinoticias.com/1609/mexico/hay-9-carteles-del-narco-en-mexico-controlan-43-pandillas-pgr/
[3] Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Mission to Mexico. June 12th, 2014.
[4] Registro Nacional de Personas Desaparecidas
[5] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “Violaciones Graves a Derechos Humanos en la Guerra contra las Drogas en México”, 2015.
[6] Boletín UNAM-DGCS-244 “Organiza la UNAM el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas” http://enes.unam.mx/?lang=es_MX&cat=sociedad&pl=insensato-pensar-que-la-solucion-al-problema-de-las-drogas-solo-pasa-por-la-policia-y-la-prision
[7] Boletín UNAM-DGCS-270 “Insensato, pensar que la solución al problema de las drogas sólo pasa por la policía y la prisión” www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_270.html
[8] Dávila, Patricia. “Ciencias Políticas de CU, centro de distribución de drogas” www.proceso.com.mx/?p=403721
No muy extraña nota. Tiende claramente a minimizar la responsabilidad de las autoridades universitarias en el asunto, soslayando, en particular, la muy especial del Rector que aprovecha y busca cualquier foro para hablar de todo a nombre de “Nuestra máxima Casa de Estudios”, pero que es otro político más de los que infestan el país. Pero no sólo eso: se trata de una argumentación que, pretendiéndose liberal y reflexiva, sobre el problema prácticamente insoluble de las drogas (sobre todo con las estrategias actuales),: en el fondo encubre viejas lacras de la UNAM. El artículo de Proceso deja ver claramente la tolerancia sospechosa de las autoridades no sólo hacia los vendedores de droga, sino hacia los miles de ambulantes y otros individuos que se han instalado en ella (Basta darse un paseo por la otrora bella Facultad de Filosofía, donde hay puestos de fritangas prácticamente junto a los salones, para sentir nostalgia por la calma que reina en la Central de Abastos).. Igualmente, la indicación de los vigilantes de evitar cualquier problema con quien viole el reglamento. (¿Los perros de ataque que se muestran en el citado artículo también son intocables desde tal punto de vista? ¿Y lo es el que tales sujetos hayan invadido hasta los sanitarios de mujeres para hostigar o filmar a éstas?) Lo que sugieren es que se abra un debate nacional. Pero, he aquí el meollo del “posicionamiento”: que “de ninguna manera” haya vigilancia electrónica, cámaras o ingreso y egreso controlado de la zona. La razón última es que eso pondría en evidencia: a) que hay demasiada gente en el Campus que, en realidad, no tiene nada que hacer all; y b) la ausencia constante, durante jornadas de trabajo oficiales, de muchos de muchos trabajadores. Está bien el debate y está bien la no represión. Pero debe haber también prevención, diagnóstico y, de ser necesario, correcciones. La actitud de las autoridades universitarias no es distinta a la de quienes gobiernan el país: administrar y no resolver. Que no exploten los asuntos, aunque sean cada vez más graves los problemas.. Invocar de esta manera la autonomía lo que hace es precisamente solapar y proteger a quienes debían ser justamente sancionados o impedidos en su ilícita actividad.
De acuerdo en que tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber prevención y tienen que haber cambios, lo que proponemos es que no se tomen medidas de aparente solución inmediata (como cuando pusieron una “trotapista” o llenaron de piedras los espacios para desplazar a los dealers) que sólo han ido empeorando la situación en la FCPyS o en la misma Facultad de Filosofía, en donde el intento por desplazar a los dealers terminó con un balazo. Necesitamos acciones si, pero tiene que cambiar la perspectiva de construcción de seguridad a partir de la vigilancia absoluta del espacio y de la persecución. No creemos que la lógica policial haya o esté funcionando en el país, ni las veces que se ha implementado en la UNAM, por lo que nos parece urgente y necesario empezar desde este espacio universitario a construir nuevas propuestas ante los fenómenos sociales que nos rodean y poder resolver las problemáticas que a ellos se vinculan sin encarcelar o desplazar poblaciones sin ton ni son. No es un debate sencillo, ni hay respuestas sencillas, pero lo que se ha estado haciendo no funciona y no hay razón para seguir en la misma lógica.
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