Un total de 4,236 personas han sido privadas de la vida por las fuerzas armadas en el marco de la guerra contra las drogas en México, sin que existan investigaciones imparciales e independientes sobre los hechos.
Por: Amaya Ordorika Imaz (@amaya903)
El día 10 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Este año, organizaciones de todo el mundo aprovechamos para posicionarnos en contra de la pena de muerte y particularmente su aplicación en el marco de la guerra contra las drogas.
Actualmente, alrededor de 33 países o territorios imponen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. Al año son ejecutadas aproximadamente 1,000 personas por este tipo de delitos y en algunos países estas ejecuciones representan la mayoría del total de ejecuciones que realizan.
En Irán, uno de los países con mayor número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas, se han llevado a cabo más de 2,500 ejecuciones en los últimos años y más de 500 sólo en lo que va del 2015. Las autoridades iraníes han afirmado que el 80% de las personas sentenciadas a pena de muerte que esperan ser ejecutadas fueron sentenciadas por delitos relacionados con drogas. En Indonesia, en donde parecía que la pena de muerte era una práctica que iba de salida, el actual presidente Joko Widodo decidió retomar esta práctica y desde octubre de 2014 han sido ejecutadas 14 personas por un pelotón de fusilamiento, todas sentenciadas por delitos relacionados con drogas. Actualmente hay al menos 33 personas sentenciadas a muerte por delitos relacionados con drogas.
La Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas en su reciente informe “Estudio sobre el impacto del problema mundial de las drogas en el disfrute de los derechos humanos” identifica la pena de muerte por delitos relacionados con drogas como un obstáculo para la garantía de respeto del derecho a la vida. En este informe la Oficina del Alto Comisionado rescata el artículo 6 delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que en aquellos Estados donde no se ha abolido la pena de muerte, la sentencia de muerte solamente debe ser aplicada para “los más graves delitos” y remarca que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha determinado que los delitos relacionados con drogas no cumplen las condiciones de “los más graves delitos”.
En el ámbito internacional y particularmente en los preparativos para la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en abril de 2016, el Estado mexicano se ha posicionado contra la pena de muerte por delitos relacionados con drogas. En palabras de la Sra. Mariana Tiburcio, entonces Subprocuradora de la República, pronunciadas durante el Debate General de Alto Nivel de la Comisión de Estupefacientes que se realizó en marzo de 2014: “el Gobierno de México se suma a las delegaciones que han expresado su oposición a la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas”.
No obstante, a pesar de estar prohibida la pena de muerte en México, en nuestro país existen también altas cifras de ejecuciones en el marco de la guerra contra el narcotráfico. En el año 2006 el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa inició una estrategia de combate al narcotráfico, aportación mexicana a la guerra mundial contra las drogas, que consistió en la militarización de la seguridad pública. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, esta estrategia se ha mantenido e incluso se ha incorporado a las fuerzas armadas en nuevas tareas en materia de drogas. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ejecuciones extrajudiciales permiten notar un aumento de esta conducta por parte de las fuerzas armadas a partir del año 2006.
Según cifras oficiales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) participó en 3,557 enfrentamientos entre diciembre de 2006 y diciembre de 2014, en los cuales murieron 3,907 supuestos “agresores” y 60 víctimas civiles ajenas a los hechos. Asimismo, la Secretaría de la Marina (SEMAR) reportó haber participado en 109 enfrentamientos armados entre 2012 y 2014, en los cuales murieron 296 civiles calificados por la SEMAR como miembros de la delincuencia organizada y 14 marinos. Esto suma 4,236 personas privadas de la vida por las fuerzas armadas en el marco de la guerra contra las drogas en México, sin que existan investigaciones imparciales e independientes sobre los hechos.
Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos identificado que en México el asesinato es uno de los medios empleados por las instituciones referidas en el marco de la guerra contra las drogas. La recurrencia de eventos con características similares y la impunidad de los mismos nos ha llevado a concluir que no son hechos aislados, accidentales o esporádicos y que no son iniciativas individuales de unos cuantos elementos de las fuerzas armadas, si no que son parte de una política de Estado.
La Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos en su informe ha identificado las ejecuciones extrajudiciales como otro obstáculo para el respeto al derecho a la vida. En el informe recupera la preocupación del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias sobre las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la guerra contra las drogas. Durante su visita a México, el mismo Relator señaló que los asesinatos y la impunidad de los homicidios continúan siendo generalizados en muchas regiones del país.
Así como en Irán, Malasia e Indonesia la ejecución de personas por parte del Estado es parte de la guerra contra las drogas. En México la ejecución de personas, pero sin investigación y juicio previo, es también parte de esta misma guerra. Al repudiar la pena de muerte hacia el exterior, pero ejercer una versión aún más represiva y arbitraria de esta misma medida al interior, el Estado mexicano muestra nuevamente las incongruencias entre su discurso en el ámbito internacional y su forma de actuar a nivel local y deja claro su falta de voluntad de dejar atrás el modelo de combate a las drogas por un modelo verdaderamente basado en el respeto a los derechos humanos.
*Amaya Ordorika Imaz es investigadora en derechos humanos y política de drogas de la@CMDPDH.
Fuente: Animal Político- http://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2015/10/19/pena-de-muerte-y-ejecuciones-extrajudiciales-dos-caras-de-la-guerra-contra-las-drogas-en-mexico-y-el-mundo/